Meloni pone en marcha una segunda deportación de migrantes a Albania
El centro de identificación y expulsión italiano de Gjadër, ubicado en el norte de Albania y actualmente con capacidad para alojar a 400 personas, recibirá próximamente a nuevos huéspedes: ocho migrantes rescatados esta semana en el Mediterráneo por lanchas del Estado italiano y luego embarcados a bordo del buque ‘Libra’, una nave de la Marina con capacidad para 200, para su traslado al país balcánico.
Los nuevos afectados por el segundo intento de deportación de migrantes del Gobierno de Giorgia Meloni —con el objetivo de procesar solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea— son un nimio grupo de los más de 1.500 náufragos llegados a costas italianas entre el lunes y el miércoles pasados, según cifras oficiales del Ministerio de Interior transalpino. La ecuación es el resultado de la resta de los migrantes considerados vulnerables, que son mujeres, menores o pertenecen a países considerados inseguros y que, por tanto, Italia cree que no pueden ser deportados a Albania.
Es lo que ha vuelto a encender la mecha de las polémicas alrededor del controvertido y costoso plan de la primera ministra italiana, ya duramente puesto en entredicho por la justicia de su país. “Esta vez se ha querido evitar viajes innecesarios y se ha prestado especial atención a las personas seleccionadas para ser enviadas a Albania. Esto explica el bajo número de pasajeros en el ‘Libra'”, ha explicado la agencia de noticias pública Ansa, que habitualmente tiene un acceso privilegiado a fuentes gubernamentales.
Ridículo
“Estamos en una situación ridícula, si no fuera porque los centros de detención en Albania están fuera del derecho europeo y cuestan 1.000 millones de euros a los contribuyentes italianos”, ha criticado el líder del partido +Europa, Riccardo Magi. “No hay manera de que se pueda esquivar la legislación europea, las sentencias de un tribunal europeo, salvo que quieras salir de la UE”, ha atacado la jefa del Partido Democrático, Elly Schlein.
Con esto como base, continúa en tanto la batalla judicial. Después de que un tribunal de Roma obligara a Meloni a volver a trasladar a los primeros 16 migrantes a Italia, al Gobierno derechista se le han abierto nuevos frentes. Los más graves son los que involucran al Tribunal de Justicia de la UE, el cual ha sido llamado a pronunciarse sobre si, en estos casos, prevalece el derecho europeo o el italiano.
Caso por caso
El problema principal remite también a que Meloni ha querido forzar las normas que se han venido aplicando en Italia en estos años. Hasta ahora, de hecho, toda selección (y luego posterior posible otorgamiento de protección humanitaria o estatus de refugiado), se ha basado en la evaluación del historial individual de cada migrante (y las posibles violaciones de derechos humanos que la persona han podido sufrir), y no en su nacionalidad de origen. Lo que, al tratarse de centros fuera de la UE –pero cedidos a Italia por Albania–, ha generado el cortocircuito.
De ahí la barahúnda sobre el concepto de “país seguro” como criterio de selección de los migrantes para su traslado a Albania. Y esto también a raíz la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que aclaró que, si en un país se violan derechos en una parte de su territorio, todo el país debe ser considerado inseguro. Lo que dejaba fuera también a los migrantes (de Egipto y Bangladés) rescatados en el primer intento de Meloni, según interpretaron los jueces italianos.