El cerco sobre Jair Bolsonaro se ha estrechado más este jueves. La Policía Federal (PF) ha finalizado su investigación sobre el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023. Sus conclusiones no sorprendieron a muchísimos brasileños: el expresidente participó en un complot para impedir que Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el cargo después de haberlo derrotado en las elecciones de octubre de 2022.
También fueron acusados de los delitos de intento de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”, otras 36 personas, entre ellas el general de reserva Braga Netto, ex ministro de Defensa y excandidato a vicepresidente en la contienda de octubre de 2022, el presidente nacional del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, en la actualidad diputado federal, y el exministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), el entonces general en actividad Augusto Heleno.
Las conclusiones de la PF han llegado al juez del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes, quien, junto con Lula había sido considerado un blanco a eliminar una conjura de bolsonaristas radicales. El asunto no es solo judicial, sino político: el anuncio de la PF se conoce cuando el bolsonarismo viene reclamando en el espacio público, las redes sociales y el propio Parlamento, una amnistía para los protagonistas del 8E, entre ellos los que se exiliaron en Argentina.
La PF recordó en su anuncio que las pruebas se obtuvieron “a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en la ruptura del secreto telemático, telefónico, bancario y fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”.
El plan golpista
Añade la policía que las investigaciones revelaron una estructura basada en una división del trabajo, con la existencia de los siguientes grupos: un “Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral“, un “Centro Responsable de Incitar a los Militares a Sumarse al Golpe de Estado”, un “Centro Jurídico”, un “Centro Operativo de Apoyo a las Acciones Golpistas”, un “Centro Paralelo de Inteligencia y, por último, un “Centro Operativo de Cumplimiento de Medidas Coercitivas”.
Para Dora Kramer, columnista del diario paulista ´Folha`, “no hay duda razonable de que la trama de asesinato descubierta por la Policía Federal pueda separarse del contexto golpista que culminó con el ataque a la sede simbólica de la República el 8 de enero, que dio lugar a investigaciones que revelan cada vez más la existencia de una conspiración sediciosa dentro del Estado”. A la luz de las “trayectorias de algunos personajes”, es, a su criterio, “difícil desconectar la trama puesta en marcha poco después de las elecciones de 2022 de las actitudes y conexiones del entonces presidente Bolsonaro”.
Pero, además, señalaron otros analistas, su candidato a vicepresidente, Braga Netto, fue nada menos que anfitrión de al menos una reunión con los posibles ejecutores de la tentativa de envenenamiento de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y De Moraes. En esa reunión estaba el ayudante de campo de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, actualmente detenido y bajo proceso. Esto se basa en pruebas recogidas por la PF.
Lo llamativo de las investigaciones de la PF, tanto de los sucesos del 8E como el plan fallido de magnicidio, es la alta cantidad de uniformados que participaron de la conjura, con excepción de un policía federal.
Otra destacada analista, Mónica Bérgamo, recordó que, durante el pasado Gobierno de ultraderecha, Bolsonaro no solo reincidió en sus amenazas golpistas, sino que atacó verbalmente a los ministros del STF que presagiaron las posteriores actitudes investigadas por la PF. Bolsonaro ha sido inhabilitado hasta 2030 para ejercer cargos públicos por haber desprestigiado el sistema electoral mientras cometía por su reelección.
La reacción de Bolsonaro
“No puedo esperar nada de un equipo que usa la creatividad para denunciarme”, dijo el expresidente, cuando se conocieron los cargos presentados por la PF. “De Moraes dirige toda la investigación, ajusta testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Él hace todo lo que la ley no dice”. El excapitán del Ejército anunció que librará una batalla en la Procuración General (Fiscalía General) para impedir que avance la justicia. “Voy a ver qué dice mi abogado”.
Los abogados del exmandatario han dicho que su defendido “nunca estuvo de acuerdo con ningún movimiento que pretendiera destruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo pavimentan”.
Sin embargo, uno de los elementos claves de la investigación es el testimonio del ex comandante del Ejército Freire Gomes, quien dijo que en una reunión el propio Bolsonaro detalló la posibilidad de “utilizar instrumentos legales” como la Garantía de Ley y Orden (GLO), el Estado de Defensa o el Estado de Sitio para impedir que Lula retornara a la presidencia el primer día de 2023.
Comments
Advertisement